Opinión de Viqui Pérez Campos: La educación valenciana, en una encrucijada

Dijo Celaya que “la poesía es un arma cargada de futuro” y como tal tiene la fuerza de la reflexión, de la crítica y de la sensibilidad. Algo parecido le ocurre a la tarea de educar; esa combinación maravillosa que aúna verdad, contenido, entrega, acompañamiento, estímulo, diversidad, ritmos, escucha y mirada crítica para la vida. Sin duda, la base prioritaria para una sociedad cívica y solidaria, democrática y justa. La educación es una inversión a medio-largo plazo y un valor intrínseco de nuestra labor colectiva.

El momento actual…

La educación en la Comunidad Valenciana atraviesa un momento clave, marcado por cambios legislativos, tensiones políticas y la necesidad urgente de adaptarse a una sociedad cada vez más diversa y plural. Hablar hoy de enseñanza no es solo referirse a aulas y contenidos, sino a un sistema en constante redefinición, donde las decisiones normativas tienen un impacto directo en miles de familias, y por tanto en la sociedad.

En el marco estatal, la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE) sigue siendo la referencia principal. Esta ley ha introducido cambios relevantes como un enfoque más competencial del aprendizaje, la reducción del peso de los exámenes tradicionales y una mayor atención a la inclusión. Sin embargo, su aplicación depende en gran medida de las comunidades autónomas, y ahí es donde la Comunidad Valenciana imprime su propio carácter.

El gobierno autonómico ha impulsado medidas propias en los últimos años, como la regulación del plurilingüismo (en detrimento del valenciano, aspecto muy controvertido) y ajustes en la libertad de elección de centro. Estas políticas no solo reflejan una visión educativa, sino también una identidad cultural y lingüística que sigue siendo objeto de discusión pública.

De hecho, estas controversias, se concretan y materializan en la convocatoria de una huelga indefinida convocada para para el 11 de mayo por parte del profesorado. Huelga que pretende dignificar la educación desde la realidad de los centros y reivindicar que la educación es un pilar básico y prioritario a nivel social y que requiere inversión y gestión adecuada. Y también que la lengua valenciana requiere la igualitaria consideración como lengua co-oficial a nivel autonómico.

Por otro lado, uno de los momentos más sensibles del sistema educativo es el proceso de admisión del alumnado, especialmente en etapas como Infantil, Primaria y Secundaria. En la Comunidad Valenciana, este calendario suele abrirse entre abril y mayo, con plazos específicos para la presentación de solicitudes, publicación de listas provisionales, periodo de reclamaciones y adjudicación definitiva de plazas. La digitalización del proceso ha facilitado los trámites, pero también ha puesto de relieve desigualdades en el acceso a recursos tecnológicos.

Para muchas familias, este calendario no es un simple trámite administrativo, sino una carrera contrarreloj cargada de incertidumbre. La puntuación por criterios como proximidad al centro, renta familiar o existencia de hermanos matriculados puede determinar el futuro educativo de un menor. En este contexto, la transparencia y la claridad en la información son fundamentales, aunque no siempre suficientes para disipar la sensación de falta de equidad.

Desde una perspectiva crítica, el sistema educativo valenciano necesita avanzar en estabilidad normativa. Los continuos cambios —tanto a nivel estatal como autonómico— dificultan la planificación a largo plazo de centros y docentes. Además, cuestiones como la ratio de alumnos por aula, la atención a la diversidad y la inclusión, la excesiva burocracia o la precaria inversión en infraestructuras siguen siendo retos pendientes.

En definitiva, la educación en la Comunidad Valenciana se encuentra en una encrucijada donde confluyen política, identidad y necesidades sociales. El calendario de admisión y las leyes vigentes no son elementos aislados, sino piezas de un engranaje que define el futuro de toda una generación. Apostar por un sistema más equitativo, estable y adaptado a la realidad actual no es solo una opción política, sino una responsabilidad colectiva y básica para una sociedad democrática y cívica que cree que la educación es futuro. Nuestro futuro.