La Generalitat pide al Consorcio de Seguros ampliar el plazo para indemnizar a los cientos de vehículos de la DANA aún sin localizar
A punto de cumplirse dos años de la trágica DANA que asoló amplias zonas de la Comunitat Valenciana en otoño de 2024, cientos de propietarios de automóviles continúan sin saber dónde se encuentran sus vehículos. La imposibilidad de localizarlos ha generado un grave cuello de botella burocrático: al no disponer de la ubicación, peritación o acreditación del paradero del coche, los afectados no pueden completar sus expedientes, lo que amenaza con dejarlos definitivamente sin las ayudas e indemnizaciones correspondientes.
El problema cobra máxima urgencia debido a la proximidad del 29 de octubre de 2026, fecha en la que se cumple el segundo aniversario de la riada y vence el plazo de prescripción fijado por la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro para reclamar daños.
Un freno a la prescripción por causas ajenas a los propietarios
Para evitar que los damnificados queden desamparados, el comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana, Raúl Mérida, ha remitido una carta formal al presidente del Consorcio de Compensación de Seguros, José Antonio Fernández de Pinto. En la misiva, el Consell solicita que se amplíe más allá del 29 de octubre o se suspenda directamente el plazo para solicitar indemnizaciones por los utilitarios desaparecidos.
Mérida ha enfatizado que la falta de localización no responde a ningún tipo de negligencia por parte de los ciudadanos, sino a la propia magnitud del desastre:
«Estamos dando voz a un colectivo muy perjudicado por la riada, primero porque perdieron su vehículo, y segundo, porque al no haberse localizado estos utilitarios no han podido beneficiarse de ninguna ayuda en este sentido. Algunos de los vehículos se achatarraron, otros quedaron sepultados bajo toneladas de lodo y nunca fueron encontrados. La casuística es muy variada, pero en la mayoría de los casos son causas ajenas a sus propietarios.»
Petición al Gobierno central y balance de datos del Consorcio
En la carta enviada a la entidad pública, Mérida insta también a que el Consorcio traslade al Gobierno de España la necesidad de articular un régimen transitorio específico que atienda estas situaciones excepcionales dentro del marco legal vigente, garantizando que ninguna víctima quede penalizada por la complejidad de los trabajos de retirada, desguace o rastreo de barro.
A pesar de que el Consorcio ha desplegado un esfuerzo indemnizador histórico —con más de 251.800 solicitudes recibidas por la DANA de 2024, más de 4.484 millones de euros abonados en total y unos 132.000 pagos en automoción que superan los 1.200 millones de euros—, estos cientos de casos aún pendientes representan una situación crítica para las familias que no han podido recuperar sus bienes ni cerrar el proceso administrativo.
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