FAMILY UP respalda las nuevas ayudas a las familias pero reclama controles estrictos para evitar fraudes
La asociación FAMILY UP ha mostrado su respaldo a las nuevas medidas de apoyo a las familias anunciadas por el Gobierno de España, especialmente a la ampliación del reconocimiento de los derechos de las familias monoparentales. Sin embargo, la entidad considera imprescindible acompañar cualquier incremento de las prestaciones públicas de mecanismos de control, criterios económicos equitativos y una supervisión rigurosa que permita evitar posibles irregularidades en su concesión.
La organización se ha pronunciado tras la aprobación del nuevo decreto-ley al que atribuye la equiparación de determinados derechos y beneficios de las familias monoparentales con dos hijos respecto a las familias numerosas. FAMILY UP considera que esta medida supone un avance en el reconocimiento del esfuerzo económico y personal que implica la crianza, aunque insiste en que su aplicación debe garantizar un reparto justo de los recursos públicos.
Desde la asociación recuerdan que el incremento del coste de la vida, los gastos relacionados con la vivienda, la alimentación y la educación, así como las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, están aumentando la presión económica sobre numerosos hogares españoles.
En este contexto, FAMILY UP defiende cualquier iniciativa que contribuya a aliviar la situación de las familias, especialmente de aquellas que afrontan mayores dificultades económicas. No obstante, advierte de que el reconocimiento de nuevos derechos debe ir acompañado de criterios que permitan identificar las necesidades reales de cada unidad familiar.
FAMILY UP alerta de las deficiencias en el reparto de las ayudas públicas
Uno de los principales motivos de preocupación de la asociación es la distribución de las prestaciones sociales. FAMILY UP sostiene que el actual sistema presenta deficiencias que pueden provocar situaciones de desigualdad entre familias con necesidades económicas similares.
La entidad advierte de que existen hogares, tanto monoparentales como formados por dos progenitores, que atraviesan circunstancias de especial vulnerabilidad y que, según denuncia, no están recibiendo el respaldo económico que necesitan.
A esta situación añade su preocupación por posibles prácticas fraudulentas en el acceso a determinadas prestaciones. Entre los riesgos que señala figuran las separaciones simuladas para cumplir los requisitos administrativos de algunas ayudas, así como posibles cobros indebidos vinculados a situaciones de residencia en el extranjero.
La asociación reclama que las administraciones investiguen y controlen estas situaciones para impedir que los recursos públicos puedan destinarse a personas que no reúnen las condiciones exigidas.
FAMILY UP también advierte de que determinados modelos de prestaciones, cuando no están adecuadamente regulados, pueden generar efectos no deseados sobre la incorporación al mercado laboral. Por ello, considera necesario que las ayudas actúen como un respaldo para las familias y no como un obstáculo para su autonomía económica.
Estas advertencias forman parte de las preocupaciones expresadas por la entidad y requieren comprobación administrativa para determinar la existencia y el alcance de posibles irregularidades.
La renta per cápita real como criterio fundamental para conceder las prestaciones
La principal reivindicación de FAMILY UP es la implantación del criterio de renta per cápita real en la concesión de las ayudas familiares.
La organización considera que la situación económica de una familia no puede valorarse únicamente por su composición o por el número de hijos, sino que debe tenerse en cuenta la capacidad económica efectiva de cada hogar en relación con las personas que dependen de sus ingresos.
Según la asociación, este criterio permitiría distribuir los recursos públicos de manera más equitativa y atender las necesidades de las familias que disponen de menos ingresos por miembro de la unidad familiar.
FAMILY UP defiende que las políticas de apoyo deben contemplar la diversidad de situaciones familiares, evitando que hogares con dificultades económicas queden excluidos de determinadas prestaciones mientras otros con mayor capacidad económica puedan acceder a ellas por cumplir únicamente requisitos relacionados con su estructura familiar.
Límites máximos por menor a cargo y mayor inspección de las ayudas
Junto a la aplicación de la renta per cápita, la entidad plantea otras dos medidas que considera fundamentales para garantizar la eficacia de las políticas familiares.
Por una parte, reclama establecer límites máximos en las cuantías de las prestaciones por persona y por menor a cargo, con el objetivo de evitar posibles desequilibrios en la acumulación de ayudas y favorecer una distribución proporcionada de los fondos disponibles.
Por otra, exige reforzar los mecanismos de inspección y control administrativo para comprobar que las personas beneficiarias cumplen los requisitos establecidos y que las prestaciones se destinan a los fines para los que fueron creadas.
La asociación considera que una supervisión adecuada permitiría prevenir irregularidades, mejorar la transparencia y reforzar la confianza de la ciudadanía en el sistema de protección social.
Para FAMILY UP, estas medidas deben aplicarse sin perjudicar a las familias que necesitan apoyo, facilitando procedimientos claros y accesibles para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
Alicia Grau reclama transparencia para que las ayudas lleguen a quienes más las necesitan
La presidenta de FAMILY UP, Alicia Grau, insiste en que el reconocimiento de los derechos familiares debe ir acompañado de una gestión responsable de los recursos públicos.
«Reconocer los derechos de las familias es urgente y necesario, pero no podemos permitir que las ayudas se conviertan en un coladero sin fiscalizar. Apoyo a las familias, sí; pero con transparencia, regulación estricta y renta per cápita para que el respaldo llegue a quien trabaja y de verdad lo necesita», afirma Grau.
Con este posicionamiento, FAMILY UP quiere trasladar al Gobierno y a las administraciones competentes la necesidad de avanzar hacia un modelo de protección familiar que combine el reconocimiento de derechos con criterios de justicia distributiva, transparencia y control.
La asociación insiste en que el objetivo de las ayudas públicas debe ser garantizar que ninguna familia quede desprotegida por falta de recursos, independientemente de su composición, y que las políticas sociales respondan a las necesidades económicas reales de los hogares.
Sobre FAMILY UP
FAMILY UP es una entidad comprometida con la defensa, el apoyo y el desarrollo de las familias. Su actividad se orienta a promover políticas sociales justas, sostenibles y eficaces que contribuyan a la protección de la infancia, la conciliación familiar y laboral y la igualdad de oportunidades.
La organización trabaja para visibilizar las necesidades de las distintas realidades familiares y fomentar medidas que favorezcan su bienestar y estabilidad económica.
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