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El PP de Paterna afirma que el alcade Sagredo «paga más de 1.200.000 euros en servicios sin licitar»

El Grupo Municipal Popular exige al Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, que regularice la gestión de un nuevo contrato para la prestación del servicio de Bicicleta Pública y el del Autobús Municipal, así como la formalización de un nuevo convenio para proveer de uniformes a la Policía Local. 

El Partido Popular de Paterna exige una vez más al Gobierno del Batà la formalización de un nuevo contrato para la prestación del servicio de bicicleta pública, puesto que desde su finalización el 12 de febrero de 2016, la corporación municipal ha pagado más de 190.000 euros en facturas al no disponer de medios propios necesarios para prestarlo.

El Ayuntamiento carece de recursos propios adecuados a la prestación del servicio de Autobús municipal, por lo que, desde la finalización de su contrato en enero de 2017, hemos pagado alrededor de 750.000 euros en facturas, siendo éste el motivo por el Grupo Municipal Popular pide a Sagredo que se inicie inmediatamente el expediente de licitación oportuno para la contratación del servicio de Autobús Municipal.

Asimismo, el Equipo de Gobierno paternero ha aprobado el gastado de más de 215.000 euros correspondientes a las facturas emitidas entre 2015 y 2017 por la adquisición de uniformidad para la Policía Local, puesto que en agosto de 2015 se solicitó la tramitación para la contratación del suministro de uniformidad de policía, mediante providencia, y hasta la fecha, todavía, no se ha convalidado el expediente de contratación de la adquisición del mismo.

 

Una muestra más de la inacción de Sagredo es el reconocimiento extrajudicial de 36.388,28 euros correspondientes a las facturas pendientes de la encomienda de Notificaciones de los meses de octubre a diciembre de 2017, ya que se ha superado la consignación presupuestaria de dicha encomienda del ejercicio pasado, debiendo pagar dichas facturas con el presupuesto de 2018.

Para los populares conviene reseñar que en un informe de fiscalización emitido por la Sindicatura de Comptes en octubre de 2017 se indicaba claramente que los Ayuntamientos no deben considerar los acuerdos de reconocimiento extrajudicial de crédito como un proceso normal. Incluso, este informe apunta que “estas facturaciones responden a una situación prolongada en el tiempo por lo que constituyen un incumplimiento de la legislación contractual especialmente grave.”

Para Marisa Ferre, concejal del Partido Popular encargada de asuntos económicos, «se trata de servicios que no deben dejar de prestarse en ningún momento, ya que suponen unos medios indispensables para la ciudadanía, pero el Alcalde debe realizar los trámites oportunos para licitar debidamente todos estos servicios y no usar los reconocimientos extrajudiciales de facturas como un mecanismo ordinario de pago a proveedores».

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