Levantina Seguridad alerta a la policía de un intento de ocupación en una casa de la Canyada que tenía la puerta tapiada
En la tarde de ayer, jueves 25 de octubre, agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local intervinieron en la calle 17 nº18 de La Cañada, donde sorprendieron a dos individuos de nacionalidad argelina dentro de una parcela vacía con claros indicios de intento de ocupación. Fue uno de los trabajadores de la seguridad privada de la zona, Levantina Seguridad, quien alertó a la policía sobre esta ocupación.
El episodio registrado ayer es un ejemplo claro de esta problemática: el individuo intentaba acceder a una vivienda cuya puerta principal estaba tapiada como medida de protección, pero aun así consiguió forzarla y romperla para intentar entrar. Un gesto que evidencia la facilidad con la que los okupas actúan y la dificultad de los propietarios para defender lo que es suyo.
La rápida actuación permitió detenerlos en el mismo momento de los hechos y trasladarlos a dependencias policiales. Según fuentes vecinales, la presencia de okupas se ha convertido en un problema cada vez más frecuente en varias zonas de chalés de La Canyada, generando preocupación entre los residentes por la inseguridad y la degradación que conlleva.
El suceso pone nuevamente de manifiesto la necesidad de reforzar la vigilancia y la colaboración entre fuerzas de seguridad, administración y vecinos, con el objetivo de frenar esta práctica que afecta de forma directa a la convivencia en la urbanización.
El problema de la okupación ilegal en España continúa generando gran preocupación social. Muchos propietarios denuncian la indefensión en la que se encuentran, ya que la legislación actual otorga más garantías al okupa que a quien legítimamente es dueño de la vivienda. Esta situación provoca que, en numerosos casos, las familias no puedan acceder a su propia casa de inmediato ni recuperar su propiedad sin pasar por largos y costosos procesos judiciales.
Desde distintos ámbitos de la sociedad se reclama con urgencia una revisión de la normativa para garantizar que los derechos de los ciudadanos que cumplen la ley no se vean vulnerados frente a quienes hacen un uso fraudulento de las viviendas.
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